Frente Amplio recurre a Contraloría por comité de proyectos impulsado por Hacienda y eventual deber de abstención de Quiroz

La bancada de diputadas y diputados del Frente Amplio pidió a la Contraloría General de la República pronunciarse sobre la legalidad del Comité de Proyectos en el SEIA (Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental) y revisar si correspondía que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se abstuviera de intervenir en materias vinculadas a esa instancia.

La acción forma parte de cuatro oficios de fiscalización dirigidos también al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), al Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) y al Ministerio de Hacienda, en paralelo a la presentación de una Comisión Especial Investigadora por eventuales conflictos de interés del secretario de Estado.

Los requerimientos fueron impulsados por los diputados Ignacio Achurra, Jaime Bassa y Constanza Schonhaut, a partir de antecedentes publicados por CIPER sobre un mecanismo coordinado por Hacienda para realizar seguimiento y acelerar la tramitación ambiental de proyectos de inversión.

El foco está puesto en el Comité de Proyectos en el SEIA, integrado por las subsecretarías de Hacienda, Economía, Interior y Medio Ambiente. Según sostiene la bancada, la instancia no habría sido creada por ley, no tendría competencias ambientales y carecería de actas públicas, informes y criterios formales de priorización.

Achurra afirmó que buscan que Contraloría revise la “legalidad del comité de proyectos en el SEIA” y determine si existía un eventual deber de abstención por parte de Quiroz.

El parlamentario sostuvo además que iniciativas analizadas por el comité habrían beneficiado a familiares del ministro. La bancada también plantea que dos proyectos vinculados al secretario de Estado fueron aprobados pese a reparos técnicos formulados por Sernageomin.

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Antecedentes requeridos

Los diputados pidieron conocer el instrumento formal que dio origen al comité, la nómina de proyectos analizados y priorizados desde el 11 de marzo, los criterios utilizados para seleccionarlos y las actas, comunicaciones e instrucciones enviadas a servicios con competencias sectoriales.

También solicitaron las resoluciones de calificación ambiental correspondientes y los fundamentos técnicos y jurídicos utilizados en decisiones donde, según plantean, no se habría incorporado el pronunciamiento de Sernageomin.

En el caso de Contraloría, el requerimiento incluye además una revisión de la veracidad, integridad y oportunidad de la Declaración de Intereses y Patrimonio de Quiroz, la que, de acuerdo con los antecedentes expuestos por la bancada, contenía omisiones y fue rectificada el 10 de julio de 2026.

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